📘 Capítulo: El modelo del litio
El oro blanco en manos ajenas: saqueo, desertificación y futuro hipotecado
1. Origen y consolidación del actor
El litio pasó de ser un mineral marginal a recurso geopolítico central en el siglo XXI. Se lo utiliza en baterías para autos eléctricos, dispositivos electrónicos, acumuladores de energía renovable y almacenamiento industrial, lo que lo convirtió en pieza clave de la “transición verde” global.
Argentina posee algunas de las mayores reservas mundiales, ubicadas principalmente en salinas de altura de Jujuy, Salta y Catamarca, compartiendo el “triángulo del litio” con Bolivia y Chile.
A diferencia del modelo boliviano (intento de control estatal) o chileno (monopolio estatal concesionado), en Argentina el litio fue declarado “recurso provincial” tras la reforma constitucional de 1994, lo que habilitó a las provincias a negociar directamente con empresas multinacionales, sin una política nacional coordinada.
Desde entonces, el modelo litífero argentino se consolidó como un régimen de entrega estructural, con empresas extranjeras que extraen, exportan y se apropian del recurso pagando regalías mínimas y sin valor agregado local.
2. Sectores donde opera
La extracción y procesamiento de litio involucra:
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Minería no metálica: obtención de carbonato de litio desde salmueras o roca.
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Transporte y logística internacional: salida del recurso crudo hacia Asia, EE.UU. y Europa.
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Investigación y desarrollo (I+D): mayoritariamente en el extranjero.
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Comercio exterior: triangulación con paraísos fiscales y subfacturación.
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Lobby y consultoría ambiental: operaciones para evitar regulaciones estrictas.
Las operaciones se ubican en zonas de extrema aridez y biodiversidad delicada, como los salares del Hombre Muerto, Olaroz, Cauchari, Salinas Grandes y Pozuelos, en territorios indígenas históricamente ignorados.
3. Métodos de extracción o concentración
El saqueo del litio se estructura mediante un combo legal, político, ambiental y fiscal:
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Control provincial del recurso: las provincias negocian por separado con empresas, en general con secretismo, baja exigencia ambiental y mínima renta pública.
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Regalías irrisorias: se pagan hasta el 3% sobre el valor “boca mina”, es decir, sobre el precio declarado antes de industrializar o exportar, con posibilidad de deducciones. En la práctica, las regalías reales rondan el 1–1.5% del valor exportado.
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Exenciones impositivas: la minería está exenta del IVA en compras e importaciones; además, puede girar utilidades libremente y acceder a estabilidad fiscal por 30 años (Ley de Inversiones Mineras de los 90).
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Fuga legal e ilegal vía subfacturación y triangulación: empresas exportan a casas matrices en paraísos fiscales, inflan costos, reducen ganancias declaradas y evaden tributos sin consecuencias.
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Impacto socioambiental oculto: extracción por evaporación consume millones de litros de agua por tonelada de litio, afectando acuíferos en zonas desérticas y destruyendo ecosistemas frágiles.
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Negación de los pueblos originarios: las comunidades que habitan los salares rara vez son consultadas, y cuando lo son, se enfrentan a presiones, cooptaciones o invisibilización.
4. Vínculos políticos y redes de poder
El modelo litífero funciona por alianza estructural entre gobiernos provinciales, empresas extranjeras, funcionarios nacionales, organismos multilaterales y think tanks extractivistas:
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Gobiernos provinciales (Jujuy, Salta, Catamarca): son los principales firmantes de acuerdos, actúan como socios menores de las mineras y reprimen protestas locales (como las de comunidades de Salinas Grandes).
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Gobiernos nacionales (de todos los signos): han sostenido la Ley de Inversiones Mineras, promovido el litio como “recurso estratégico” sin control soberano, y fomentado asociaciones con empresas extranjeras (incluso a través de embajadas).
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Multinacionales operando en Argentina:
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Livent (EE.UU.) – Salar del Hombre Muerto.
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Allkem (Australia) – Olaroz, Fénix, etc.
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Ganfeng (China) – copropietaria con Allkem.
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Tibet Summit (China) – proyecto Sal de Vida.
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POSCO (Corea del Sur) – Salar del Hombre Muerto Sur.
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Empresas nacionales asociadas: Techint, Pluspetrol, y otras que participan en logística o ingeniería.
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BID, FMI, Banco Mundial: promueven el litio como vector de crecimiento, sin exigir soberanía productiva ni valor agregado.
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Centros de estudios y medios especializados: promueven el modelo como “verde”, ocultando su carácter extractivo.
5. Consecuencias para el país y la sociedad
El modelo litífero actual reproduce la estructura de saqueo clásico con nuevo ropaje verde:
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Pérdida de soberanía sobre recurso estratégico: Argentina no define ni controla el destino, el precio ni el procesamiento del litio.
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Pobreza en la abundancia: las provincias litíferas siguen entre las más pobres del país, mientras se extrae un recurso de altísimo valor internacional.
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Exclusión territorial e invisibilización indígena: las comunidades que habitan las salinas no participan de las decisiones, ni reciben compensaciones adecuadas.
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Contaminación y agotamiento hídrico: se afecta el equilibrio hídrico de los salares, reduciendo la disponibilidad de agua para humanos, fauna y flora.
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Sin valor agregado: el litio se exporta como materia prima. Argentina no produce baterías, ni acumuladores, ni retiene propiedad intelectual.
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Fuga de divisas y evasión fiscal estructural: el aporte fiscal del litio no supera el 3% de su valor real de mercado. La mayor parte de las ganancias se va.
6. ¿Saben lo que hacen?
Sí. Las empresas extranjeras, los gobiernos provinciales, los fondos de inversión y las consultoras especializadas saben perfectamente que están operando un modelo de desposesión disfrazado de “desarrollo sustentable”.
No hay ingenuidad. Hay planificación.
El litio argentino se extrae con mínima exigencia, mínimo control, máxima rentabilidad y bajo relatos cuidadosamente diseñados: “energía limpia”, “transición verde”, “futuro tecnológico”.
Los funcionarios que sostienen este modelo también lo saben: eligen priorizar inversiones extranjeras y divisas rápidas a costa del control a largo plazo sobre el recurso más estratégico del siglo XXI.
7. Conclusión: su rol en la continuidad del modelo de país
El modelo litífero representa una nueva fase del saqueo estructural argentino. No es el saqueo clásico del trigo o la carne, ni el de la deuda: es el saqueo del futuro.
Mientras el mundo se disputa la energía, la Argentina entrega su litio como antes entregó su petróleo, sus ferrocarriles o su tierra: por centavos, sin control, sin beneficio social estructural, sin soberanía.
Lo más grave no es lo que se va: es lo que no queda. No queda tecnología, ni industria, ni ciencia propia, ni comunidad fortalecida. Queda un agujero salado en la montaña y una promesa rota.
🔁 Contracara: ¿Cómo sería este rol al servicio del desarrollo nacional?
El litio no es un recurso cualquiera: es el mineral estratégico del siglo XXI, y su control define si un país será plataforma de despojo o motor de desarrollo soberano.
Empresas como Livent (EE.UU.), Allkem (Australia) y Ganfeng (China) podrían haber sido socios productivos de largo plazo, si hubieran aceptado condiciones de asociación, industrialización y distribución justa de la renta.
Una contracara nacional de su rol actual podría haber implicado:
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Firmar contratos con mayoría estatal, participación científica local y cláusulas de industrialización en origen.
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Aceptar auditorías ambientales independientes, control social y respeto a las comunidades originarias afectadas.
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Transferir tecnología y formar trabajadores argentinos, en vez de importar know-how cerrado y tercerizar todo el valor agregado.
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Desarrollar plantas de baterías en suelo nacional, con encadenamientos industriales aguas abajo, en lugar de exportar carbonato de litio como commodity bruto.
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Aportar regalías justas, impuestos progresivos y un fondo soberano de litio, que financie educación, ciencia e infraestructura estratégica.
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Respetar las decisiones nacionales sobre cupos de exportación, precios de referencia y redistribución territorial de la renta.
La Argentina podría —y aún puede— tener una alianza internacional para el desarrollo energético global, en la que el litio sea palanca de autonomía tecnológica y justicia social, no eslabón de una cadena extractiva que repite el modelo minero colonial.
Pero eligieron la opacidad contractual, la renta concentrada, la evasión vía subsidiarias y la devastación ambiental, con la complicidad de gobiernos débiles o cooptados.
Porque el saqueo moderno no usa cadenas ni barcos negreros: usa tratados, concesiones y zonas francas.
Y cuando el litio argentino se va sin valor, sin control y sin pueblo, se va también nuestro futuro eléctrico, científico y geopolítico.